La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro de un proceso seguido mediante Acción de Reparación Directa por unos transportadores formales contra el municipio de Medellín, declaró patrimonialmente responsable al municipio de Medellín de los perjuicios causados a los señores Jesús Ignacio Giraldo Ruiz y Rodrigo de Jesús Molina Balbin, por caso de disminución en el número de pasajeros que transportaban con sus vehículos de transporte público, como afiliados a la empresa Cooperativa de Transporte de Santa Rosa Ltda. “COOPETRANSA”, luego de que en el periodo de 1993 hasta el año 1996, se presentó una disminución en la movilización de pasajeros diarios en los vehículos de transporte público de propiedad de los mismos y, condenó a ese ente territorial a pagar a los demandantes los perjuicios causados en la modalidad de lucro cesante por omisión en el deber legal de controlar y vigilar este servicio…

Ver el fallo dentro del proceso 05001-23-31-000-1996-00411-01(31602)

A algunos les ha indignado que Peñalosa haya señalado en entrevistas o solapas de libros suyos que tenía un doctorado, cuando no lo tiene, y que no haya tenido la decencia de al menos pedir disculpas públicas por su engaño.

Otros han recordado que Petro hizo algo semejante haciendo creer algo falso (que tenía doctorado), pero diciendo algo que puede ser cierto y se parece pero que es distinto: que tenía estudios de doctorado.

Esas impropiedades indignan pues son trampas inaceptables en un servidor público; pero como son sobre todo arrogancias ridículas tal vez lo mejor sea ponerle humor al asunto, como lo hizo un trino demoledor de @Cloquis que dijo: “ahora entiendo por qué a Peñalosa le parece que una reserva es lo mismo que un potrero, si para él un diplomado es lo mismo que un doctorado”.

Pero más allá de la controversia de si lo mejor sea indignarse o reírse de lo que hicieron Petro o Peñalosa, subsiste una pregunta importante: ¿es acaso indispensable, o incluso útil, que un alcalde, un presidente o un congresista tengan doctorado? Y la respuesta es negativa por una sencilla razón: un doctorado es una formación para la investigación pero no para la acción ni para tomar rápidamente decisiones razonables e informadas en contextos de incertidumbre, que es lo que uno espera de los buenos políticos.

Un doctorado enseña a investigar por medio de la investigación pues el núcleo del doctorado es la tesis doctoral (y por ello decir, como Petro, que uno hizo estudios de doctorado no significa mucho). Un doctorante enfrenta un problema que nadie ha resuelto y lo estudia durante años, con distintos métodos científicos y luego de revisar toda la bibliografía relevante, a fin de lograr una respuesta rigurosa y novedosa. La experiencia de la tesis le enseña a ser un buen investigador pues frente a nuevos problemas repetirá la misma medicina: investigaciones lentas y rigurosas, que contribuyan a nuevos conocimientos.

Un buen alcalde o presidente debe tener otras virtudes: debe tomar buenas decisiones, sobre temas muy diversas, en tiempos rápidos; debe saber construir consensos y ser un buen ejecutor; y se espera que maneje información especializada pero no que produzca nuevos conocimientos. Pero un doctorado no le ayuda en nada a adquirir esas habilidades. Para eso es mejor una especialización o una maestría profesional, que precisamente buscan fortalecer las competencias profesionales y no tanto las habilidades investigativas. Y por eso es que, fuera de ser antiético, resulta risible que un alcalde crea necesario aparentar tener doctorado pues esta formación poco le ayuda a ser buen alcalde.

Colombia requiere más investigadores y profesores universitarios con doctorado pues debemos mejorar nuestra capacidad de producción de conocimientos. Pero no mitifiquemos el doctorado, pues en muchos campos es mejor una formación especializada o una buena formación tecnológica. ¿O quien prefiere usted que revise el bus que va a tomar? ¿Un buen mecánico o un doctor en física teórica?..”

*Rodrigo Uprimny ,Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional

Las frases o aforismos en latín que son sentencias breves, adagios, apotegmas, axiomas, proverbios que para muchos representan la poesía de lo justo dentro de la masa inmensa de la doctrina jurídica, otorgando sentido legal al ser esgrimidas en las providencias judiciales; serán eliminadas en los poderes judiciales de los veintitrés (23) países que forman parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana. La propuesta para la eliminación de las frases en latín fue presentada por los representantes de Colombia, Bolivia, Chile, España, Paraguay y Ecuador con el objeto que la ciudadanía en general comprenda con facilidad las argumentaciones contenidas en dichas providencias; según se acordó en la XVIII Asamblea de la Cumbre Judicial en Asunción, Paraguay.

En efecto, frases como: “omne ius aut consensus facit aut necessitas constituitur consuetudo firmavit” esto es, todo derecho lo hace el consentimiento general, o lo constituye la necesidad, o lo establece la costumbre, o la expresión “Omni inre conssesio omnium gentium lex naturae putanda est”, En todos los casos, el sentimiento de todos los pueblos debe considerarse como ley natural. o “onus probando” que enuncia, la carga de la prueba, o “ignorantia facti non juris excusat” la ignorancia de hecho no excusa la de derecho, o la implorada “ignorantia non excusat” conforme al cual, la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley, o “accesorium sequitur principale”, lo accesorio sigue a lo principal, o “ad imposibilia nemo tenetur” a lo imposible nadie está obligado, esto es, que nadie es responsable de ejecutar lo imposible o la locución “ad interim” interina , transitoriamente. Se utiliza este enunciado para significar que un cargo está desempeñado de manera provisional por un funcionario diferente del titular y, como no mencionar “cedant arma togae”, esto es,

Ceder las armas a la toga. Donde este aforismo indica la prevalencia que las leyes deben tener siempre sobre las fuerzas armadas.

Esperemos, los resultados tenga esta propuesta promovida para que las mujeres y hombres que administran justicia en Colombia al comenzar a suprimir las frases en latín de sus autos y sentencias se obtenga posiblemente la claridad del lenguaje jurídico y por fin encontremos la diferencia entre la “ratio decidendi, los obiter dictum y el decisum”, lo cual ha generado a veces agudas y profundas querellas conceptuales, así, la decisum es la decisión concreta del caso; por su parte, la ratio decidendi es la formulación general o fundamentos jurídicos que se constituyen en la base de la decisión judicial y la obiter dicta o afirmaciones dichas de paso o que no se relacionan de manera directa con la decisión asumida, como al respecto lo considero la Corte en sentencia SU-047 de 1999 y la Corte Constitucional en sentencia C- 836 de 2001.Para tal efecto, esperemos sin embargo la decisión de la Cumbre.

En tal caso, la jueza paraguaya María Mercedes Buongermini que participó en la invocada XVIII Asamblea de la Cumbre, enunció: “es necesaria la redacción de los actos de comunicación en lenguaje claro, fácil y comprensible para las personas interesadas en las resoluciones judiciales. Debemos homogeneizar la redacción de sentencias y buscar un equilibrio entre el rigor técnico necesario de las expresiones y comprensión por parte de la ciudadanía”.

Considerado por: Edgar A. Suárez. L.

En Sentencia proferida en el mes de enero, por el Consejo de Estado reiteró que los concejales municipales no pueden celebrar contratos con ninguna entidad pública, no sólo en su propio ente territorial sino de cualquier otro nivel estatal, salvo las excepciones expresamente determinadas en la ley.

Así lo determinó al declarar la pérdida de investidura del concejal RICARDO LUÍS JASPE LENTINO por haber suscrito, en calidad de representante legal de la sociedad INVERSIONES BISVAR I.P.S. S.A.S., un contrato con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras ostentaba la calidad de Concejal del municipio de San Jacinto (Bolívar) para el período (2012-2015); esto es, de servidor público de carácter especial, por lo que incurrió en la incompatibilidad prevista en el artículo 127 de la Constitución Política y, en consecuencia, en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por violación del régimen de incompatibilidades.

En consecuencia, el objeto del contrato celebrado entre el Concejal de San Jacinto como representante legal de una sociedad y el ICBF, tuvo como objeto “… suministrar medicamentos y complementos nutricionales y fórmulas médicas para el Centro Zonal Carmen de Bolívar…”; es decir, auanque fue ejecutado en otro municipio distinto a aquel en que el contratista ejercía su cargo como concejal

Así lo determino el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al señalar que : “Existe, entonces, una relación armónica y complementaria entre el artículo 127 de la Carta Política y el artículo 45 de la Ley 136 de 1994, por lo que las disposiciones de la norma de carácter legal no pueden ser tenidas, de ninguna forma, como excepciones al artículo 127 de la C.N.  tratándose, por ello, de una norma especial que no impide la aplicación, en sus demás ámbitos, de la disposición citada de la Carta Política… ”

Ver fallo del Consejo de Estado en el siguiente enlace:
http://www.legisaldia.com/…/sent-13001233300020140033301-16…)

Por la importancia que reviste el tema tratado sobre la derogatoria del articulo 3o. de la Ley 136 de 1.994 de las   funciones  de los MUNICIPIOS, nos permitimos reproducir este escrito publicado en el Espacio Virtual de Asesoría de la Función Pública “–EVA–”

“Comparando las funciones de los municipios que estaban consagradas en el artículo 3º de la Ley 136 de 1994 con las modificaciones incorporadas al mismo por el artículo 6º de la nueva Ley 1551 de 2012, únicamente la consagrada en el numeral 1º quedó intacta; esto es, “Administrar los  asuntos  municipales y prestar los servicios públicos que determine la  ley.”, la cual recoge y resume todas las demás.

Si bien, tanto en la exposición de motivos del proyecto presentado por el Gobierno como en los informes de ponencia de los diferentes debates de Cámara y Senado, se dice que estas funciones “claramente modernizarán el desarrollo local en el nivel municipal”, lo cierto es que básicamente recogen en un solo cuerpo normativo elementos dispersos en varias normas anteriores como la referente a los planes de desarrollo, al ordenamiento territorial, al desarrollo rural, a la participación comunal y comunitaria, al desarrollo turístico, a la convivencia y seguridad ciudadanas, a la promoción de los derechos humanos y a la protección de los grupos vulnerables y de las víctimas del desplazamiento y del conflicto armado, a las minorías étnicas, el fomento a la cultura, al desarrollo económico y a la promoción y protección del ambiente, entre otros tópicos. Al tiempo que se acogen fallos tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado en relación con las funciones y obligaciones de los municipios.

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En tal sentido el Diario el pais de España  titulo “Guatemala ama a Iván Velásquez…”y,